Fotos: via internet
CARTA EN APOYO A LA COMUNIDAD DE DESPLAZADOS DE EL JARILLON CALI, COLOMBIA
Señor Presidente Juan Manuel Santos
Palacio de Nariño,
Carrera 8 No 7-26
Bogotá, Colombia
Palacio de Nariño,
Carrera 8 No 7-26
Bogotá, Colombia
Fax + 57 1 596 0631
CARTA EN APOYO A LA COMUNIDAD DE DESPLAZADOS DE EL JARILLON CALI, COLOMBIA
Les escribo por parte del Centro de Solidaridad con Latinoamérica (LASC) para mostrar nuestra preocupación sobre la serie de desalojos que se vienen presentando en el Jarillon, Cali desde principios de la semana pasada. LASC es una ONG Internacional con oficinas en Dublín, Irlanda. Nosotros somos y trabajamos en solidaridad con los pueblos Latinoamericanos.
Por medio de la ONG Sol Jurídico de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, constituida para garantizar, difundir y promover el respeto por los derechos humanos, activa en la región del Valle del Cauca y con oficinas en Cali, nos hemos venido enterando de la situación en referencia a la violación y atropellos en derechos humanos que se viene presentando en dicha región por parte de la administración municipal de la ciudad de Cali y el Gobierno Nacional de Colombia , desde febrero del año 2014 y la cual se ha venido intensificando en las últimas semanas.
Nuestros Informes indican que la comunidad del Jarillon está compuesta por más de 7852 familias. Los destierros que está realizando la alcaldía de Cali, los está llevando a cabo de forma violenta, agrediendo los derechos humanos de niños, ancianos, discapacitados, etc. Los hogares de las familias están siendo destruidos, sus pertenencias removidas y los hombres, mujeres y niños del Jarillon están siendo tomados por la fuerza por miembros de la Policía Nacional de Colombia, dejándolos en la calle y en condiciones precarias. Los miembros de la comunidad del jarillon han tenido continuos intentos para reclamar sus derechos; pero dichos intentos han sido ignorados por las autoridades locales, regionales y nacionales.
Nos gustaría expresar nuestro apoyo a la Comunidad del Jarillon y nuestra preocupación de que la comunidad pueda llegar a ser víctima de ataques u otras situaciones graves de seguridad debido a las alarmantes tasas de ataques ejercidos por la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Por lo tanto les pedimos:
1 – investigar los acontecimientos que se viene presentando para asegurar que los derechos constitucionales y que los derechos humanos internacionales sean respetados en todo momento.
1- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física, psicológica, y la seguridad de las familias involucradas
Por medio de la ONG Sol Jurídico de Colombia, entidad sin ánimo de lucro, constituida para garantizar, difundir y promover el respeto por los derechos humanos, activa en la región del Valle del Cauca y con oficinas en Cali, nos hemos venido enterando de la situación en referencia a la violación y atropellos en derechos humanos que se viene presentando en dicha región por parte de la administración municipal de la ciudad de Cali y el Gobierno Nacional de Colombia , desde febrero del año 2014 y la cual se ha venido intensificando en las últimas semanas.
Nuestros Informes indican que la comunidad del Jarillon está compuesta por más de 7852 familias. Los destierros que está realizando la alcaldía de Cali, los está llevando a cabo de forma violenta, agrediendo los derechos humanos de niños, ancianos, discapacitados, etc. Los hogares de las familias están siendo destruidos, sus pertenencias removidas y los hombres, mujeres y niños del Jarillon están siendo tomados por la fuerza por miembros de la Policía Nacional de Colombia, dejándolos en la calle y en condiciones precarias. Los miembros de la comunidad del jarillon han tenido continuos intentos para reclamar sus derechos; pero dichos intentos han sido ignorados por las autoridades locales, regionales y nacionales.
Nos gustaría expresar nuestro apoyo a la Comunidad del Jarillon y nuestra preocupación de que la comunidad pueda llegar a ser víctima de ataques u otras situaciones graves de seguridad debido a las alarmantes tasas de ataques ejercidos por la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Por lo tanto les pedimos:
1 – investigar los acontecimientos que se viene presentando para asegurar que los derechos constitucionales y que los derechos humanos internacionales sean respetados en todo momento.
1- Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física, psicológica, y la seguridad de las familias involucradas
Atentamente
Firmado el original
ROBERT NAVAN
ON BEHALTF OF LASC COMMITTEE
ON BEHALTF OF LASC COMMITTEE
Los niños del jarillón, sin futuro y con mucho resentimiento social por desalojos
fotos tomadas de Sandra Lorena Campo Zuleta: https://www.facebook.com/sandralorena.campozuleta?fref=ts
Estas desgarradoras imágenes en las que pequeños niños se enfrentaron a la Policía para tratar de evitar que sus madres sean ultrajadas, despertaron la angustia y el rechazo por parte de los habitantes del jarillón, quiénes responsabilizaron al alcalde Rodrigo Guerrero de desatar la violencia y el resentimiento en estos pequeños.
Hoy el drama de estas familias es aún mayor. Las madres se encuentran desconsoladas porque tuvieron que ser separadas de sus hijos para que el ICBF no se los arrebatara.
Los habitantes del jarillón aseguraron que están siendo sometidos a tratos inhumanos.
Para los líderes estos desalojos son la evidencia de la política excluyente del alcalde Rodrigo Guerrero.
Los habitantes del jarillón aseguraron que con estos desalojos sólo se está fomentando el resentimiento y el odio en estos pequeños que están siendo maltratados en lugar de recibir un acompañamiento psicosocial. Por eso solicitaron al alcalde Guerrero que no se sigan violando los derechos de estas familias, y que se proteja la integridad de los niños.
DESALOJO DE HABITANTES DEL JARILLON EN CALI, DE SUFRIR EL ABANDONO ESTATAL A PADECER EL DESPLAZAMIENTO GUBERNAMENTAL
Durante décadas se ha ido poblando y creciendo el Jarillón de Río Cauca. Por sus propios medios cada familia en acciones comunitarias fueron resolviendo cuestiones de energía, acueducto, subsistencia - trabajo, entre otros (como muchos de los barrios populares de Cali).
Con las uñas se han dotado de ciertas condiciones que por ejemplo Emcali, vincula a la facturación, cobrando incluso hasta alumbrado público del cual nisiquiera han disfrutado, pero mes a mes, han asumido durante años sus obligaciones en impuestos.
Un martes de junio desgarrador e indignante se vivió ayer en el sector las Vegas y Venecia del Jarillón. Con un número exagerado de pie de fuerza se cumplió el operativo de desalojo, que el gobierno mentirosamente anunció como re ubicación voluntaria. El saldo del operativo: familas completas arrastradas por el piso al ser sacadas a la fuerza de sus casas para luego demolerlas.
In misericordi el ESMAD ultrajó a niños (as), adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres cabezas de familia, mujeres en embarazo, en un acto que ni siquiera cumplía con los prótocolos mínimos establecidos para estos casos, reinando por su ausencia el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría y otros entes que debían estar velando por los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Con más de una docena de viviendas derrumbadas, más de una decena de familias desalojadas, la comunidad no pierde la esperanza de que la Ley los proteja y una de las tutelas interpuestas salga a su favor, mientras tanto hoy volveran los Robots del ESMAD, personas que olvidan su procedencia y su humanidad, porque no solo atropellan a los más vulnerables, sino que en sus actos se observa fácilmente la sevicia, en sus rostros se puede observar sonrisas de placer mientras golpean mujeres y niños.
"Ustedes los de allá, nosotros los de acá, los mismos impuestos tenemos que pagar". Se hace un llamado a la sociedad caleña para que acompañe a las familias que hoy duermen en la interperie, para que apoyen denunciando por los diferentes medios la violación de Derechos Humanos, por su parte la comunidad del Jariillón - las Vegas y Venecia- continuará resistiendo a su manera, con sus medios.
PROGRESO SÍ PERO NO ASÍ
Frente Amplio por la Defensa de Cali
FOTOS: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206492230240499&set=a.10206492228640459.1073741921.1112236515&type=1&theater
Concejales denuncian violación a derechos humanos en desalojos del jarillón
Los concejales Patricia Molina y Jhon Jairo Hoyos le hicieron fuertes reclamos al alcalde Rodrigo Guerrero por las graves violaciones a los derechos humanos que según ellos se están cometiendo contra los habitantes en los desalojos ordenados por la administración municipal en el jarillón de río Cauca. Para la cabildante por el Polo Democrático Alternativo las autoridades de la ciudad están atentando contra la dignidad de los pobladores.
Según Patricia Molina la alcaldía de Cali le miente a los caleños frente a los intereses que hay detrás de los desalojos en el oriente de la ciudad.
El concejal John Jairo Hoyos señaló que existe complicidad de parte los organismos de control frente a los atropellos que en su opinión se están cometiendo en estos operativos.
En el Concejo de Cali se encuentran a la espera de una respuesta de la administración municipal ante los reclamos que han presentado varios de sus integrantes, ya que afirman que el alcalde Guerrero debe responder por la violación a los derechos humanos que se están presentando al oriente de la ciudad.
Desalojo Jarillón Venecia
En medio del llanto y la impotencia fueron desalojadas el 9 de junio varias familias del Jarillón de Venecia; el atropello de que fueron víctimas es impresionante, hoy en la calle sin tener para donde marcharse por que el alcalde de Cali Rodrigo Guerrero les niega la reubicación.
Estos son actos de violencia contra el pueblo, actos de violencia que les que marcaran por siempre la vida de niños indefensos y atropellados por un estado al que solo le importa beneficiar a los poderosos.
Administración municipal de Cali amenaza con nuevos desalojos en el jarrillón del río Cauca
El pasado 19 de mayo los habitantes del jarillón del río Cauca, en Cali, recibieron en sus casas una notificación por parte del gobierno nacional y la administración local donde les advierte a los sectores de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas que si al 1 de junio no han abandonado sus predios, serán desalojados. La comunidad de estos sectores apelan a los procesos legales que tienen en curso y argumentan que han recibido 40 órdenes de este tipo y nunca se les ha dado una constancia de que éste es efectivamente un terreno de alto riesgo no mitigable, como ha venido planteando la administración local.
La situación se presenta dentro del llamado proceso de recuperación del jarillón y según la sentencia N° 114 del Tribunal Contencioso Administrativo el próximo 1 de junio seria el plazo máximo para entregar de forma voluntaria sus predios, pues de lo contrario se efectuaran los desalojos por la fuerza.
Desalojos sin ninguna propuesta
Los habitantes del sector plantean que aún no hay una propuesta de vivienda digna que responda a las necesidades de quienes habitan dicho territorio y que nunca se les comunicó a tiempo del proceso que se venía cursando contra ellos, así lo manifestó Jaqueline Ariza: “Nos dicen que para el 1 de junio debemos haber desafectado la zona, es decir que nosotros mismos como propietarios debemos derribar nuestros predios y salir de ahí voluntariamente sin una propuesta de vivienda de mejoramiento de calidad de vida, ni siquiera nos están diciendo ustedes tienen esto, les vamos a ofrecer algo igual a lo que ustedes tienen para que continúen con su trabajo y con su vivienda en condiciones dignas como las que tienen ahí, simplemente dicen van para afuera el 1 de junio, esa es la respuesta que nos ha dado la inspectora encargada de hacer este desalojo, porque no podemos decir que va a ver reubicación. Nunca fuimos tenidos en cuenta dentro de ese proceso, ellos iniciaron una acción popular hace muchos años y eso como consecuencia arroja que todas las personas deben ser reubicadas y cabe aclarar que nunca nos dijeron en este juzgado se está cursando un proceso en contra de ustedes, nosotros nunca fuimos parte de esos procesos”.
Lanzados a vivir a la intemperie
La amenaza de desalojo es de gravedad y preocupación, ya que esta es la tercera ocasión en la que se intenta sacar por la fuerza a dicha comunidad, ya el pasado 13 de febrero la fuerza pública ingresó al terreno dejando como resultado más de 30 personas heridas. Según los habitantes en aquella ocasión fueron reiteradas las agresiones por parte de la fuerza pública, la cual lanzo artefactos incendiarios a las empresas ubicadas en la zona y hubo el asedio constante de helicópteros que sobrevolaban a muy baja altura.De aquel intento de desalojo, también se derribaron dos casas y sus habitantes a la fecha no tienen ninguna respuesta de la administración local, razón por la cual estas personas continúan en el mismo predio pero a la intemperie, en carpas, sin ningún tipo de solución a la vista.
Acciones legales embolatadas
Según comenta la señora Jackeline, por medio de una acción jurídica que ejecutó el abogado apoderado de la comunidad dentro del proceso se logró detener la arremetida de la administración local en esa ocasión. En estos momentos tienen cinco tutelas admitidas por el Concejo de Estado, con lo cual los habitantes del jarillon siguen a la espera de algún tipo de fallo. Lo único que saben es que este concejo solicitó, hace más de un mes, al juzgado que tiene la acusación popular en Cali que enviara todo a Bogotá, para sorpresa de la comunidad el proceso ya no está ni en el juzgado, ni en Bogotá porque supuestamente el proceso aún no ha llegado allá.
“Váyanse a comer ladrillo y cemento”
Sumado a la problemática de vivienda se encuentra la del sector productivo, pues en la zona hay más de 1500 unidades productivas, construidas en los más de 30 años de estar habitando este sector. Allí se encuentran empresas de diverso tipo, de plástico, operadoras de vidrio, colchonerías y otras que generan más de 3.000 empleos. También, según lo expresan, tienen una población donde el 80% son adultos mayores que llevan casi toda su vida en este territorio donde cuentan con más de 700 metros cuadrados, que ellos han denominado fincas dentro de la ciudad, espacios donde la gente todavía vive del cultivo, la siembra e incluso de granjas porcinas, avícolas, ganaderas, entre otras.
Esto ha ocasionado una doble vulneración, en tanto no solo se despoja del techo a la comunidad del jarillon, sino que también se atenta el derecho al trabajo, así lo hizo saber Ariza quien dijo: “Le exigimos al gobierno nacional y a la administración municipal unas garantías, pues si ese traslado se va a dar porque no solamente vivimos ahí hace más de treinta años, sino que de éstos predios dependemos económicamente ¿para dónde vamos a salir con todas nuestras pertenencias? hay muchísimos animales en esa zona: marraneras, vacas, caballos, aves, hay muchos cultivos, entonces el gobierno nacional y la administración municipal nos dice “los vamos a salvar de morirse ahogados”, pero entonces yo digo nos están salvando de morirnos ahogados, pero nos están mandando a morirnos de hambre, porque la propuesta de ellos es váyanse a comer ladrillo y cemento”.
Esto ha ocasionado una doble vulneración, en tanto no solo se despoja del techo a la comunidad del jarillon, sino que también se atenta el derecho al trabajo, así lo hizo saber Ariza quien dijo: “Le exigimos al gobierno nacional y a la administración municipal unas garantías, pues si ese traslado se va a dar porque no solamente vivimos ahí hace más de treinta años, sino que de éstos predios dependemos económicamente ¿para dónde vamos a salir con todas nuestras pertenencias? hay muchísimos animales en esa zona: marraneras, vacas, caballos, aves, hay muchos cultivos, entonces el gobierno nacional y la administración municipal nos dice “los vamos a salvar de morirse ahogados”, pero entonces yo digo nos están salvando de morirnos ahogados, pero nos están mandando a morirnos de hambre, porque la propuesta de ellos es váyanse a comer ladrillo y cemento”.
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