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El desarrollo del corredor de la carrera 15 para el paso del MIO se cumplio en el año 2006, en medio de las quejas de cientos de comerciantes que argumentaban perdidas económicas por las obras.
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El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Cali ordenó a la Alcaldía de la ciudad a pagar $645.693 millones a un nutrido grupo de comerciantes que se vieron perjudicados económicamente por la construcción del corredor de la Carrera 15 para el sistema de transporte MÍO.
El fallo responde a una acción de grupo interpuesta por 36 empresas (comercializadoras de repuestos de vehículos, de pinturas, ferreterías, droguerías, restaurantes, entre otras) en noviembre del 2008, por la cual se exige indemnización por parte de Metrocali y el Municipio debido a las pérdidas que presentaron a causa de cierres viales y obras.
Sin embargo la sentencia, que se emitió en primera instancia, ordena la indemnización de ocho de dichas empresas que sí lograron comprobar sus estados de pérdidas. Las indemnizaciones van desde $37 millones hasta los $1150 millones.
Pero, además de compensar a esos ocho negocios, el juez determina pagar indemnizaciones no mayores de $347 millones a 1850 comerciantes potencialmente afectados por las obras del MÍO. Los $645.000 millones serían administrados por la Defensoría del Pueblo, a través de un fondo desde el que se pagarían las indemnizaciones, según la orden judicial.
Según el director Jurídico de la Alcaldía de Cali, Javier Pachón, “se trata de un fallo desproporcionado y mal interpretado de lo que significan las cargas públicas por obras, por lo que ya presentamos apelación”.
El funcionario advirtió que “pagar una indemnización de estas proporciones le significaría al Municipio declararse en inviabilidad económica y tendría que acogerse a la ley de restructuración financiera”.
Las reacciones
William Rey, propietario de uno de los negocios ubicado en los alrededores de las obras del MÍO de la 15 y favorecidos con la indemnización, aseguró que “el reconocimiento sirve de algo. En mi caso, por ejemplo, las pérdidas fueron de casi $300 millones y lo pudimos demostrar en los balances que presentamos. Mi negocio se cerró y tuve que irme a vivir a Buenaventura porque la actividad económica nunca repuntó”.
Al respecto, Rodolfo Yanguas, asesor de los demandantes y experto en Derecho Público, explicó que “hay cargas públicas que los ciudadanos deben asumir, porque el beneficio común prima sobre el particular, pero si las obras se demoran más de lo planeado nadie tiene por qué soportar estas cargas”.
Entre los argumentos presentados por los demandantes, expuestos en la sentencia, están los cronogramas de obras donde se consignaron retrasos de entre uno y dos años en tramos como la Carrera 15 entre Calle 15 y Carrera 23 y las calles 13 y 15 entre carreras 1 y 15.
Según Javier Pachón, “en todas las ciudades del mundo se realizan obras civiles constantemente. Se dice que hay daños especiales por unas obras que duraron 16 meses y que, según los cronogramas de trabajo, era un tiempo más que lógico para desarrollar unas intervenciones tan grandes como las del MÍO”.
En la apelación presentada por Metrocali a este fallo, la entidad “estima que las pérdidas sufridas por el grupo de comerciantes durante el periodo de ejecución de las obras públicas no deben ser consideradas por el juez como excesivas”.
Para abogados expertos en Derecho Administrativo, como Gilberto Gómez, “la demanda no se hace cuando, por ejemplo, se va a pavimentarle una vía al ciudadano, lo que claramente mejorará su calidad de vida. Pero desde el punto de vista del derecho, está permitido que particulares que se vean afectados sean indemnizados, así las obras sean para el bien público”.
Sin embargo, para el Director Jurídico de la Alcaldía, “el juez, con esta decisión salida de todos los parámetros, desconoce el trabajo de la Administración como tal pues su trabajo es cumplir acciones en bienestar de los ciudadanos y no para satisfacer intereses particulares”.
Ernesto Guzman Jr
El Pais
